Actualmente las Administraciones Públicas siguen necesitadas de liquidez, por lo que precisan recaudar fondos sea como sea. La última ocurrencia de algunas comunidades autónomas es empezar a cobrar un impuesto vigente pero al que jamás se había hecho caso por no suponer un enorme botín recaudatorio: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los contratos de alquiler.

En estos días se está haciendo casi viral que algunas administraciones regionales, están girando liquidaciones a los arrendatarios para cobrar esta tasa que se debería de haber abonado el inquilino a la firma del contrato por el hecho de alquilar una vivienda. Nunca se le informó ni se le reclamó y ahora se le exige el pago con efecto retroactivo y con intereses de demora.

¿De qué trata este impuesto?

Este impuesto afecta solamente a arrendamientos de viviendas y no a aquéllos cuyo uso es distinto, es decir a los locales de negocio, puesto que para estos últimos se aplica el IVA, impuesto que es incompatible con el ITP.

El ITP es un impuesto que grava las operaciones onerosas, es decir, aquéllas que no son gratuitas y en las que ambas partes tienen obligaciones y reciben ventajas económicas recíprocas. En el caso del alquiler el inquilino paga al propietario para aprovecharse o usar esa vivienda, y el propietario recibe un pago por ceder la propiedad.

Su obligatoriedad viene establecida en el artículo art. 7, apdo. 1, letra B) de la Ley que regula el mismo, en el que se dice que son transmisiones sujetas a este Impuesto, “la constitución de arrendamientos”.

¿Quién tiene que pagar este impuesto?

El responsable del pago es el arrendatario o inquilino, si bien de manera subsidiaria también lo será el arrendador o propietario de la vivienda si hubiera recibido el primer plazo del pago de la renta sin exigir al arrendatario el justificante de haber satisfecho este impuesto.

¿Cómo y cuándo se paga?

Antiguamente los contratos de alquiler se formalizaban en un papel timbrado que se compraba en los estancos. Esa fórmula no ha desaparecido, por lo que realizar el contrato en dicho papel timbrado que es emitido por Hacienda implica el pago del Impuesto.

Si por el contrario el contrato se hace en papel común, hay un plazo de 30 días hábiles para autoliquidar ante Hacienda de la Comunidad Autónoma que corresponda el impuesto a través del modelo 600 que allí se adquiere.

¿Cuánto hay que pagar?

La base de cálculo para el impuesto será la renta total que haya de abonarse por todo el período de duración del contrato. Si no se hubiera acordado plazo, se calculará sobre un mínimo de seis años.

Cada vez que se prorrogue el contrato, una vez haya transcurrido el plazo de alquiler que hayan acordado las partes, habrá de hacerse una liquidación adicional del impuesto abonándolo por el período prorrogado, porque cada prórroga se entendería como un nuevo contrato.

El ITP en el alquiler no supone un desembolso muy elevado para el inquilino, sino que según los cálculos ronda el 5% de la renta anual.

¿Qué ocurre si no se paga?

Que la Administración podrá exigir su pago, tanto de arrendatario como de arrendador, con los intereses de demora. El plazo para exigir dicho pago es el de cuatro años a contar desde el último día en el que es obligatorio el pago de dicho impuesto.

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